Según reportes, se contabilizaron aproximadamente 192 detenciones, una persona fallecida y múltiples heridos, sin información oficial precisa sobre el número de víctimas, como parte de una de las jornadas más críticas que vive Panamá en materia de derechos civiles.
Esto ocurre tras la declaratoria de estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro entre el 20 y el 25 de junio, medida firmada por el presidente José Raúl Mulino, que se aplica como respuesta a movilizaciones contra la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones.
El decreto presidencial implica la suspensión de garantías constitucionales como el libre tránsito, el derecho a reunión, el habeas corpus y la inviolabilidad del hogar.
También habilita operativos policiales sin orden judicial, monitoreo de dispositivos personales y restricciones a la expresión religiosa y política, según se desprende de los artículos citados en el documento legal.
El acceso a internet y redes de telefonía fue limitado en zonas estratégicas, para restringir la difusión de lo que sucede sobre el terreno.
Brutal represión en Panamá
Las protestas, inicialmente desactivadas tras algunos acuerdos, recobraron fuerza tras la detención de tres dirigentes sindicales.
Desde ese momento, se documentaron actos de represión con uso excesivo de la fuerza, reportes de desapariciones forzadas y tratos humillantes, sobre todo hacia comunidades indígenas.
Denuncias ciudadanas describen detenciones en las que los arrestados han sido expuestos públicamente en condiciones degradantes.
Además del joven de 24 años asesinado por disparos en un punto de control, no hay cifras oficiales sobre heridos o civiles fallecidos.
La información es escasa y es bloqueada, dado que las autoridades panameñas han restringido el acceso a internet y telefonía móvil en zonas clave.
Fuente: Telesur/ VTV/LM/DS/DB
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