El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este viernes a la Corte Suprema que intervenga en la tensa batalla legal sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, la ley de tiempos de guerra que fue utilizada para deportar rápidamente a presuntos miembros de una pandilla venezolana.
La apelación de emergencia, que solicita a los jueces que revoquen una orden del juez federal de distrito James Boasberg que bloquea nuevas deportaciones bajo dicha ley, mete aún más a la Corte Suprema en el torbellino de Trump.
“Este caso plantea interrogantes fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles de seguridad nacional en este país: el presidente, a través del Artículo II, o el poder judicial”, declaró la Procuradora General Interina Sarah Harris ante la Corte Suprema. “La Constitución ofrece una respuesta clara: el presidente. La república no puede permitirse otra opción”.
Al igual que otras apelaciones recientes, el argumento del Gobierno de Trump se basó en fuertes quejas sobre tribunales inferiores que le ponen obstáculos, emitiendo órdenes temporales que, si bien no resuelven las impugnaciones sobre el poder del presidente, al menos han suspendido temporalmente parte de su agenda.
Trump solicita que se revoque el fallo
El punto en disputa en el caso es la invocación por parte de Trump, el 15 de marzo, de una autoridad de tiempos de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que le otorga amplios poderes para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados.
La ley otorga dicha autoridad en tiempos de guerra o cuando un enemigo intenta una “invasión o incursión depredadora”.
Poco después de que Trump invocara la ley, funcionarios cargaron tres aviones con más de 200 ciudadanos venezolanos y los trasladaron a El Salvador, donde se encuentran recluidos en una prisión de máxima seguridad.
Desde entonces, el gobierno ha declarado que algunas de esas personas fueron deportadas bajo autoridades distintas a la Ley del Siglo XVIII. El Gobierno de Trump ha afirmado que los hombres estaban afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
