Peruano José Alejandro Zúñiga Cano, a quien extraditaron de Perú en marzo pasado, es el duodécimo acusado que condenan en relación con un «plan de fraude transnacional de 15 millones de dólares» que defraudó a consumidores estadounidenses de habla hispana, a los que extorsionaba por teléfono.
Zúñiga Cano, de 40 años, se declaró culpable de participar en una conspiración transnacional de fraude postal y electrónico» y que Perú extraditó en marzo pasado para afrontar los cargos en su contra.
Defraudó a consumidores estadounidenses de habla hispana, alegando que amenazaba con consecuencias legales si no pagaban por material de aprendizaje del idioma inglés que nunca solicitaron.
Peruano se declara culpable
Los culpables defraudaron a más de 30 mil residentes de habla hispana en Estados Unidos, muchos de los cuales eran inmigrantes recién llegados que expresaron interés en aprender inglés, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Un total de ocho propietarios-operadores de centros de llamadas peruanos y cuatro propietarios-operadores de centros de distribución que procesaron pagos, distribuyeron productos y facilitaron el fraude en Estados Unidos formaban parte de este plan de fraude.
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«El largo brazo del sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación, incluidos los ancianos y los inmigrantes recientes», dijo en un comunicado el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida Markenzy Lapointe.
La estafa
Según documentos judiciales, Zúñiga era propietario y operaba un centro de llamadas en Lima que realizaba llamadas no solicitadas a consumidores de habla hispana en Estados Unidos y afirmaba falsamente que habían ganado o calificado para recibir productos gratuitos, incluidas tabletas informáticas y cursos de inglés.
Zúñiga y sus cómplices se hicieron pasar por abogados, funcionarios judiciales, policías y representantes de un supuesto «tribunal de delitos menores» para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar pagos. Hasta el punto de que él y sus cómplices amenazaron a las víctimas con procedimientos judiciales, arresto y consecuencias migratorias, si no pagaban.