En un giro inesperado de los acontecimientos, Mercedes de Freitas, conocida como «Merchi», ha sido objeto de una investigación por parte del gobierno de Estados Unidos.
De Freitas, quien se presenta como historiadora y activista venezolana, es la actual directora ejecutiva del capítulo venezolano de Transparencia Internacional. Sin embargo, su reputación se ve empañada tras ser acusada de recibir de presuntas grandes sumas de dinero provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Según fuentes cercanas a la investigación, Mercedes de Freitas y su jefe, Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), habrían utilizado una serie de fundaciones como fachadas para canalizar estos fondos.
El propósito declarado era “luchar por la libertad de Venezuela”, pero las evidencias sugieren que las intenciones detrás del manejo de estos recursos podrían ser mucho más oscuras.
Mercedes de Freitas y la desaparición de los fondos
Esta situación ha generado un intenso debate en el país, donde muchos cuestionan la legitimidad y la ética de las prácticas utilizadas por figuras que se autodenominan defensores de la democracia y los derechos humanos.
Las implicaciones políticas son profundas, ya que estas revelaciones podrían afectar no solo a De Freitas, sino también a altos dirigentes de la oposición radical venezolana que han estado en el centro del activismo contra el gobierno bolivariano de Venezuela.
La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos en este escándalo que no solo involucra a una activista reconocida, sino también a otros actores clave de la oposición venezolana.
La transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca en un contexto donde esta lucha se entrelaza con intereses económicos y políticos complejos.
A medida que el caso avanza, queda por ver cómo responderá De Freitas a estas acusaciones y qué consecuencias traerán para su carrera y para su movimiento “pro-democracia” en Venezuela.
La oposición en Venezuela exige respuestas claras para garantizar que quienes “abogan por la libertad” no se vean empañados por actos que socavan su credibilidad.
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