Poco sospechaban los Hernández García* que el trayecto que tantas veces habían hecho en el último año esta vez acabaría en deportación.
Su hija de 10 años, Sara, se despertó en medio de la noche el pasado 4 de febrero mareada y con un agudo dolor. Apenas hacía un año que había sido operada de un tumor cerebral, por lo que los padres, María y Juan, decidieron llevarla al médico.
Agarraron todo lo indispensable para el viaje de su casa en Río Grande City y el hospital en Houston en donde la niña seguía el tratamiento para el cáncer, ambos en el estado de Texas, EE.UU.
Pero, sobre todo, no se olvidaron de las cartas firmadas por los médicos y abogados que justificaban el desplazamiento y solían mostrar en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza que debían pasar.
Niña con cáncer deportada
En cinco ocasiones anteriores la documentación había sido suficiente para que los agentes del puesto de Sarita les dieran luz verde y poder continuar con el trayecto, aseguran. No aquella vez.
Tras ser retenidos durante 24 horas, ambos progenitores -indocumentados, a pesar de llevar más de 10 años en Texas- y cinco de sus hijos, ciudadanos estadounidenses por nacimiento, fueron dejados del lado mexicano de la frontera.
«Les dieron dos opciones imposibles entre las que elegir: que los menores se quedaran bajo custodia del Estado y quizá no volverlos a ver, o que fueran expulsados del país todos juntos», le dice a BBC Mundo Rochelle Garza, presidenta de Texas Civil Rights Project, la organización que les brinda asesoría legal gratuita.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas inglesas), dicho relato es «inexacto». «Cuando alguien recibe órdenes de expulsión aceleradas y decide ignorarlas, se enfrentará a las consecuencias descritas en el proceso de expulsión acelerada para las personas con órdenes de expulsión», le dijo un portavoz de la CBP a BBC Mundo a través de un comunicado, aclarando que, «por motivos de privacidad», no pueden comentar los detalles del caso.
«Todo padre y madre debemos tener el derecho de cuidar de nuestros hijos, y todo niño debe de tener acceso a la atención médica que se necesita para sobrevivir», reivindica mientras la madre, María, en un video enviado desde México y al que tuvo acceso este medio. «Es por eso que estamos luchando», dice.
Y también para poder reunirse con el mayor de los hijos, Fernando, de 17 años, quien el día que empezó la pesadilla de la familia se encontraba fuera del estado y sigue hoy en EE.UU.
Ciudadanía por nacimiento
«Nosotros construimos nuestra vida en Texas por más de una década, trabajando muy duro para criar a nuestros hijos y sacarlos adelante. Y ellos nacieron y crecieron en Estados Unidos», dice María mirando a cámara, con la voz entrecortada.
«Esta familia no tenía antecedentes criminales, pagaban sus impuestos, mandaban a los niños a la escuela, estaban muy conectados con la comunidad», le asegura Garza a BBC Mundo. «Los vecinos, cuando se enteraron del tumor cerebral de Sara, hasta hicieron una recolecta para ayudarles a pagar la cirugía».
El suyo es un ejemplo más -dice- que desmonta la retórica en torno a las deportaciones de la administración Trump, que se apoya en la seguridad nacional como justificación e insiste en que solo está expulsando «delincuentes».
«Sin embargo, en este caso han deportado a unos menores que incluso son ciudadanos estadounidenses», subraya. Aunque la ciudadanía por nacimiento es un derecho al que el presidente trata de poner fin, un intento hoy bloqueado por los tribunales.
Más información en BBC News
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