El Gobierno de Venezuela calificó el martes 10 de junio de «golpe político y judicial» el fallo de la Corte Suprema de Argentina que ratificó la condena a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.
A través de un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro aseguró que Fernández es «víctima hoy de una persecución brutal impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario» del presidente argentino, Javier Milei, quien ha sido crítico del líder chavista.
De igual forma, indicó que en el pasado una «dictadura oprobiosa» desapareció «a más de 30 mil» argentinos y hoy, agregó, «los mismos de ayer, con otros rostros, pero el mismo odio de clase, pretenden desaparecer políticamente a una líder democrática argentina, cuyo único delito es gobernar en favor de las mayorías y resistirse a la entrega de su país».
A juicio del Gobierno de Maduro, el fallo contra Fernández «no es un hecho aislado», sino «parte de un solo golpe geopolítico contra América Latina» para «reconquistar y recolonizar el continente».
«Golpe político» la condena a prisión de Cristina
Por tanto, el Ejecutivo venezolano llamó «a los pueblos, Gobiernos y movimientos» de América Latina «a comprender y enfrentar esta arremetida como lo que es: una guerra integral contra la dignidad y la autodeterminación de la región».
El martes la Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por Fernández y dejó firme la condena dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.
La exmandataria -quien ha calificado el caso de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial y política- recibió la noticia de la decisión en la sede del Partido Justicialista (PJ), donde se concentraron desde la mañana cientos de militantes peronistas.
Supuestas irregularidades
La causa por la que la condenan, conocida como ‘Vialidad’, investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
El fallo de la Corte se debe remitir al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que la pueden detener en las próximas horas o días.
La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras cumplir 72 en febrero pasado.
Fuente: Infobae/EFE
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