El gobierno de Nicaragua sacó de las cárceles el viernes a 1.500 reos comunes, en medio de reclamos de la oposición para que sean liberados unos 140 más, considerados “presos políticos” por organizaciones y que son en su mayoría opositores arrestados y condenados tras la rebelión social de 2018.
En un acto oficial realizado en la cárcel Modelo, el más populoso centro penal del país situado al norte de la capital, la ministra del Interior, María Amelia Coronel, dijo que los reos excarcelados tienen sentencia firme pero gozarán del beneficio legal de vivir junto a sus familias a partir de ahora, informó VOA.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas —una red vinculada a la oposición— son 138 los nicaragüenses identificados como disidentes que están detenidos en el país. Entre ellos figuran el líder indígena y diputado misquito Brooklyn Rivera, el académico Freddy Quezada y el periodista Víctor Ticay, así como otras 10 personas que permanecen encarceladas desde antes de los sucesos de 2018.
Los reclusos liberados guardaban prisión en la Modelo y en otros siete centros penitenciarios. Con esta liberación, suman más de 9 mil los presos comunes que han sido beneficiados con el régimen de convivencia familiar en el último año, de acuerdo con los registros oficiales.
Reos comunes
La ministra Coronel señaló que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, liberó a los prisioneros para conmemorar el llamado “Mes de la Paz”, una denominación oficial que alude a los días en que policías y paramilitares reprimieron con violencia las protestas que estallaron hace seis años en Nicaragua.
La acción del gobierno sandinista para frenar la revuelta social dejó 355 muertos, unos 2.000 heridos, más de 2 mil detenidos y al menos 100 mil exiliados entre abril y septiembre de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado emitido esta semana, la CIDH recordó aquellas protestas y urgió al gobierno de Ortega a “restablecer la democracia, poner fin a la represión en el país y a combatir la impunidad” de las “graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018”.
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