La Administración Trump Convoca a Cazadores de Recompensas Privados para Rastrear Migrantes

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El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha dado un paso sin precedentes en su política migratoria al lanzar una convocatoria pública para contratar empresas privadas que actúen como «cazarrecompensas» modernos. El objetivo de esta iniciativa es acelerar drásticamente el proceso de deportaciones masivas, delegando en terceros la localización y el rastreo de inmigrantes indocumentados en todo el país. ​

El plan, impulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), contempla la entrega de volúmenes masivos de datos a los proveedores seleccionados. Inicialmente, se contempla entregar paquetes de información de 10,000 personas por empresa, con la posibilidad de escalar rápidamente hasta manejar un millón de casos. Esta estrategia de externalización busca optimizar la eficiencia de la agencia en un momento en que el Gobierno persigue la expulsión de cientos de miles de personas. ​

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Perseguidos donde sea

Las empresas contratadas tendrán la delicada misión de verificar y confirmar información oficial. Esto incluye la localización física de domicilios y lugares de trabajo de los individuos, además de la obligación de aportar material gráfico, como fotografías y documentos, que sirvan para validar los datos. Para fomentar la rapidez y la precisión en estas tareas de rastreo, el Gobierno ha anunciado la intención de ofrecer atractivos bonos por rendimiento a los proveedores. ​Esta estrategia inédita ha generado una oleada de preocupaciones legales y de derechos civiles.

Al tratarse de una tarea sensible y con profundas implicaciones sociales, expertos y activistas han manifestado alarma por la falta de adjudicación de contratos claros y la ausencia de reglas de supervisión definidas. El uso de agentes privados en una función crítica del control migratorio pone en el centro del debate la privacidad, el control legal y las garantías procesales de los afectados.