Un operativo de inspección realizado esta semana en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de Honduras dejó al descubierto una presunta red de plazas “fantasma”, en la que figuran ciudadanos venezolanos y cubanos registrados en nómina sin desempeñar funciones reales ni residir en el país.
La investigación, desarrollada en Tegucigalpa, permitió a las autoridades constatar irregularidades en los listados de personal, donde aparecían trabajadores que no asistían a sus labores o que incluso se encontraban fuera del territorio hondureño mientras continuaban percibiendo salarios del Estado.
Hallazgos y primeras medidas
El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que el proceso comenzó con un censo exhaustivo de empleados, mecanismo que permitió detectar inconsistencias en la nómina institucional.
“Detectamos personas que no llegan a trabajar e incluso viven fuera de Honduras. Una vez reunida la información, decidimos cerrar la institución por unas horas para cotejar datos, reunir pruebas y proceder conforme a la ley”, declaró el funcionario.
Entre los primeros hallazgos se identificaron plazas que asignaron a ciudadanos cubanos y venezolanos. En algunos casos, los señalados solo acudían a firmar asistencia sin cumplir jornada ni responsabilidades específicas. En situaciones más graves, se confirmó la existencia de supuestos trabajadores que residen en el extranjero y continúan cobrando salarios públicos.
El ministro subrayó que, tras culminar el diagnóstico, el informe será remitido al Ministerio Público para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
Problemas estructurales y supervisión débil
La SIT es responsable del mantenimiento y ampliación de la red vial hondureña, que comprende aproximadamente 2.700 kilómetros distribuidos en seis regiones del país.
Durante años, la institución ha recurrido a la tercerización de servicios y contratación de empresas privadas, una práctica que, según autoridades, ha dificultado el control efectivo de la nómina y la supervisión interna.
En ese contexto, la débil fiscalización habría facilitado la permanencia de empleados ficticios cuyos salarios se desviaban sin una contraprestación laboral real.
Nuevos controles y reestructuración
Como medida inmediata, Ehrler anunció la implementación de un protocolo de control más estricto, que incluye el registro obligatorio de ingreso diario a partir de las 9:00 de la mañana. Quienes no se presenten a esa hora no podrán ejercer funciones ese día.
Asimismo, adelantó que se impulsará una reestructuración institucional orientada a depurar la nómina y garantizar eficiencia operativa.
“Lo que la SIT requiere son empleados técnicos, eficientes y comprometidos con el país, no una sobrecarga de personal sin funciones reales”, afirmó.
Las autoridades sostienen que estas acciones buscan fortalecer la transparencia, mejorar la rendición de cuentas y asegurar que los recursos públicos destinados al mantenimiento vial los utilicen de manera adecuada.
El caso ha acelerado la actualización de la base de datos de trabajadores y el establecimiento de mecanismos de vigilancia interna más rigurosos, en una institución cuyos proyectos se ejecutan en plazos de seis a doce meses según la región de trabajo.
Con la investigación en curso, el Ministerio Público será el encargado de determinar responsabilidades penales y administrativas en torno a este presunto esquema de irregularidades.
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