El juicio oral iniciado este martes contra el expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) por el intento de golpe de Estado en 2022 «no tiene precedentes en la historia de Perú», afirmó la fiscal Galinka Meza al presentar los alegatos de la acusación que pide que se impongan 34 años de prisión al exgobernante.
El juicio quedó formalmente instalado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, en el este de Lima, en el que el exmandatario está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, el día en que anunció el fallido intento de golpe en un mensaje a la nación.
La fiscal reiteró la solicitud de una pena de 34 años de cárcel contra Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público.
Junto a Castillo procesan a los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para los cuales la fiscalía pide penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.
No acepta el juicio
Antes de que el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, diera inicio a la apertura del juicio oral contra Castillo, el expresidente afirmó que el proceso es una «farsa» y se presentó sin abogado.
El exmandatario dio sus datos personales a la sala, dijo que no tenía abogado y pidió a la directora de audiencia, Norma Carbajal, dar a conocer públicamente una carta suya publicada en la red social X.
«Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial», agregó Castillo en la carta al indicar que está «secuestrado» en el penal de Barbadillo.
Al hacer uso de la palabra, Castillo dijo a los magistrados que no tenía razón presentarse con un abogado porque no se puede someter a «un juicio que es una pantomima».
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