La expiración del TPS para más de 600.000 venezolanos este viernes crea una crisis humanitaria y legal inmediata. Expertos advierten sobre la acumulación de presencia indocumentada y el riesgo de deportación, mientras activistas denuncian que «nunca antes se había ilegalizado a tanta gente al mismo tiempo.»
El viernes 7 de noviembre marcará el fin de la protección migratoria para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos, desencadenando una emergencia humanitaria y legal sin precedentes. A las 11:59 p.m., más de 260.000 beneficiarios de la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgada en 2021 perderán su estatus legal. Esta medida se suma a la pérdida previa del TPS para el grupo de 2023, resultado de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor del gobierno el pasado 3 de octubre, sumando un total de más de 600.000 personas afectadas, según reportes de Univision Noticias. Solo un reducido grupo de 4.800 beneficiarios de ambas designaciones lograron renovar sus permisos de trabajo hasta octubre de 2026, si bien la autorización de empleo no les confiere un estatus migratorio formal bajo el TPS.
La abogada de inmigración Yesenia Iacona emitió una severa advertencia sobre las consecuencias legales de esta expiración masiva. Quienes no tengan otro trámite migratorio activo quedarán «completamente sin estatus» y comenzarán a acumular «presencia indocumentada». Iacona enfatizó que esta condición expone a los migrantes a severas sanciones: si permanecen en el país más de 180 días en esa situación, podrían enfrentar castigos de varios años sin poder ingresar a EE. UU. Si además no cuentan con ninguna defensa legal o proceso pendiente, la amenaza de ser detenidos y deportados se vuelve inminente.
«Después del 7 de noviembre, quienes no tienen otro trámite migratorio en proceso, quedarán ‘completamente sin estatus’ y podrían ser detenidos y definitivamente deportados.» — Abogada Yesenia Iacona.
Ante la urgencia, la abogada Iacona describió las opciones legales disponibles, aunque limitadas. Las personas con hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden iniciar una petición familiar para solicitar la residencia permanente. Asimismo, aquellos que tenían asilo pendiente que fue cerrado al recibir el TPS, ahora tienen la posibilidad de reabrir sus casos, lo que les permitiría continuar en el país mientras el proceso avanza en la corte. No obstante, advirtió sobre el riesgo de presentar una solicitud de asilo fuera del plazo de un año: esta opción solo es viable con méritos sólidos, pues, de lo contrario, la aplicación será considerada frívola y podría acelerar un proceso de deportación.
La voz de la comunidad migrante resonó a través de Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano, quien destacó la magnitud humana de la crisis. Ferro calcula que los beneficiarios de la designación de 2021 han vivido unos 10 años en Estados Unidos, mientras que el grupo de 2023 incluye a aquellos que ingresaron más recientemente, incluso bajo el ‘parole’ humanitario de 2022. La activista denunció la situación con indignación, calificándola de una «crisis humanitaria de dimensiones» y lamentó: «Nunca antes se había ilegalizado a tanta gente al mismo tiempo.»
«Estados Unidos nos considera desechables.» — Adelys Ferro, Directora del Caucus Venezolano-Americano.
La experta Iacona insistió en la urgencia del tiempo: «Literalmente la aguja del reloj está demasiado cerca de la expiración.» Recomendó enfáticamente que aquellos sin alternativas migratorias válidas consideren salir del país antes de acumular presencia indocumentada y explorar vías consulares para un reingreso legal. Aunque Ferro indicó que la batalla legal en las cortes continuará, el resultado podría tardar meses o incluso años, lo que obligará a las organizaciones pro-inmigrantes a buscar nuevamente una reforma migratoria, sumando fuerzas con otras comunidades afectadas para 2026.
