La huida terminó al amanecer tras casi dos años evadiendo a la justicia. El sacerdote Jesús Gabriel Candelario Barreno fue capturado el pasado 26 de enero de 2026 en el estado Sucre, cuando presuntamente intentaba salir del país rumbo a Brasil para escapar de una orden de aprehensión que pesaba en su contra desde abril de 2024.
A Candelario, natural de Santa Ana, municipio Carirubana del estado Falcón, lo requerían las autoridades por su presunta implicación en el abuso sexual continuado de una adolescente de 12 años, quien se desempeñaba como monaguilla bajo su responsabilidad pastoral.
El caso, que causó profunda consternación en la Península de Paraguaná, se mantuvo abierto mientras el imputado permanecía en la clandestinidad.
De acuerdo al portal portuguesaldia.com, la investigación se inició de manera silenciosa, lejos de los reflectores. Fue una docente quien encendió las primeras alarmas al notar cambios drásticos en la conducta de la menor: retraimiento, descuido personal y síntomas evidentes de depresión.
Tras insistir en brindarle apoyo, la adolescente confesó los abusos reiterados. Reveló además, que el acoso la había llevado a contemplar la idea del suicidio.
Atrapan a sacerdote en Sucre
El testimonio se canalizó ante el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) y posteriormente formalizado ante la Fiscalía Décima Segunda y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Punto Fijo.
Destaca el medio informativo, que los exámenes forenses realizados durante las primeras fases del proceso confirmaron la agresión, lo que dio sustento a la solicitud de captura.
Pese a ello, el sacerdote logró evadir a las autoridades hasta su reciente detención en territorio sucrense. Tras su aprehensión, compareció de forma telemática ante el Tribunal Cuarto de Control, instancia que dictó medida privativa de libertad por el presunto delito de abuso sexual agravado, con víctima especialmente vulnerable y en grado de continuidad.
El proceso judicial avanzó el pasado 6 de febrero con la realización de la prueba anticipada, previa al traslado del imputado a su centro de reclusión. La representación legal de la víctima ratificó la gravedad de los hechos, mientras la comunidad sigue asimilando un caso que quebró la confianza y dejó una herida profunda en el entorno social y religioso de la región.
Con información de portuguesaldia.com
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