La Asamblea Nacional de Venezuela dio un paso trascendental en la estructura energética del país al aprobar, en primera discusión, una reforma legal histórica que modifica el esquema tradicional del servicio eléctrico, abriendo la actividad a la participación de empresas privadas, firmas mixtas y compañías donde el Estado tenga una participación minoritaria.
Esta medida representa el cambio más profundo en más de diez años, con el objetivo central de poner fin al monopolio absoluto que rigió el sector desde la creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Nuevo marco jurídico y concesiones
Bajo esta nueva normativa, las empresas autorizadas podrán generar, distribuir y comercializar electricidad mediante un sistema de concesiones otorgadas directamente por el Gobierno Nacional.
Según el proyecto de ley, estos permisos tendrán una duración inicial de hasta 25 años, con la posibilidad de ser prorrogados por un periodo adicional de 15 años, ofreciendo estabilidad y proyección a los inversionistas.
El Ministerio de Energía mantendrá la rectoría del sistema: conservará la facultad exclusiva de otorgar los permisos, supervisar todas las operaciones y revocar los contratos en caso de incumplimiento de las normativas vigentes, garantizando el control del Estado sobre el servicio público.
Cambio en el modelo económico y tarifario
Uno de los ejes fundamentales de la transformación es la reestructuración financiera del sector. Se establece la implementación de un nuevo esquema tarifario, diseñado para reflejar los costos reales de operación, mantenimiento y generación.
El objetivo es fijar tarifas que permitan una rentabilidad “razonable” para las empresas operadoras, marcando así una ruptura definitiva con el sistema de subsidios generalizados que ha caracterizado al servicio eléctrico en las últimas décadas.
Esta reforma busca modernizar la industria, atraer capital, mejorar la calidad del suministro y sentar las bases de un modelo energético más eficiente, diversificado y sostenible para Venezuela.
El proyecto continuará su proceso legislativo para su discusión y aprobación definitiva en las próximas sesiones parlamentarias.
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