Diez funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda y Hábitat que presuntamente se aprovechaban de sus cargos desalojando y revendiendo inmuebles, fueron detenidos durante un procedimiento policial.
Se conoció que Ada Nacary Llovera Castellanos, líder de la comunidad y del comité familiar del urbanismo Felipe Antonio Acosta de la parrpquia Coche, y las funcionarias de Ministerio de Vivienda, Liliana Rojas Franco; Lissette Del Valle Naranjo Bello; Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno, presuntamente amedrentaban con armas de fuego a los residentes del urbanismo para obligarlos a desalojar el inmueble.
De acuerdo a las investigaciones, la organización delictiva practicaba los desalojos para adjudicar la vivienda a un nuevo dueño, a quien le quitaban entre 5 y 7 mil dólares.
En Miranda
En la sede de la Inmobiliaria del Gobierno en Las Mercedes, estado Miranda, detuvieron a cinco funcionarios del ministerio identificados como Peregrina Alejandrina Amor Morelo, directora de Registro del Viceministerio de Redes Populares; Mary Yoselin Trejo Peñaloza, directora de Adjudicación; Miguel Ángel Tovar Quijada, director de Seguimiento y Control del Viceministerio de Redes Populares; Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez, director de la Escuela del Constructor Popular y la analista Karla Eduviges Sáenz Camacho.
Durante el procedimiento policial, detuvieron a Germán Antonio Medina Vargas, analista del ministerio, acusado de desalojar a un beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Cabos sueltos
La viceministra para la Gestión Comunal de Hábitat y Vivienda, María Luna, informó que se detectaron varias irregularidades en la auditoría practicada al sistema de los adjudicados a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Caracas.
Registros de cédulas incongruentes, miles de cédulas duplicadas en el sistema, cientos de casos de doble beneficio en diferentes parroquias, fueron los delitos que cometieron los integrantes de la mafia en el ministerio. Además, en el urbanismo Ciudad Tiuna no existen registros de catorce torres, lo que indica que llevaban tiempo haciendo de las suyas.
Supuestamente, el exviceministro Héctor Bastidas estaría implicado en desalojos de inmuebles para luego adjudicarlos a las personas que cancelaran en dólares. El caso quedó en manos de la Fiscalía 78 en materia de corrupción, quienes presentarán las evidencias y participación de los detenidos para que a través de un juicio se compruebe la responsabilidad de los señalados.
